¿De dónde viene la crisis económica, social y política que vivimos en México?

Hablar de la política social que aplica el gobierno mexicano, obliga referirnos al abandono y al olvido intencionado en el que se encuentra la gran mayoría de habitantes de este país. 

A pesar de lo anterior, se puede hablar de crecimiento económico en México, de riqueza y abundancia en cuanto a la recaudación de las arcas gubernamentales. Sin embargo, lo que ha debilitado el verdadero crecimiento y desarrollo integral en las familias mexicanas, es la enorme desigualdad social, la mala distribución y aplicación de los recursos públicos. 

Podemos tomar como punto de referencia al gobierno del principio de los 90´s, el de Carlos Salinas de Gortari. Es a partir de entonces cuando se agravó la actual crisis económica, social y política de nuestro país. El gobierno de Salinas posicionó la ilusión de que México estaba en condiciones para competir con los países más desarrollados, como Estados Unidos y Canadá. 

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el gobierno salinista y su entrada en vigor el 1o. de enero de 21994 fue uno de los agravantes que nos hizo ver nuestra suerte como competidores en desventaja. Para empezar, se aceptó importar productos del extranjero, de los que ya se producían en México y que no tenían mercado. Los productores de azúcar y maíz, por ejemplo, lejos de prosperar se vieron más afectados por la inminente invasión de productos extranjeros, más baratos por el subsidio con el que cuentan en sus países, apoyo que no tenían ni tienen actualmente en México los productores nacionales. 

Mientras esto sucedía, la clase media o la clase que podía subsistir con su salario e ingresos; se vieron afectados terriblemente con la devaluación del peso, con el llamado "error de diciembre" de 1994. Quienes tenían sus ahorros en el banco, quienes ahorraron su dinero bajo el colchón y un día supieron que esos papeles y monedas que guardaban ya no tenían ningún valor. 

A la entrada de Carlos Salinas de Gortari como presidente de México en 1988, había 618 empresas públicas, al terminar su sexenio en 1994, solo quedaban 210 empresas. Salinas vendió cientos de empresas públicas, entre ellas Banamex, Telmex, Imevisión (TvAzteca). Este episodio fue otro de los cimientos de la actual crisis. Como se dice coloquialmente “por eso estamos como estamos”; con el pretexto de que necesitaban modernizar estas empresas porque ya no eran “rentables”, se optó por malbaratarlas a particulares, en ese entonces no tan prósperos como después de adquirir estas propiedades de la nación. Ahí tenemos a Carlos Slim Helú, actual dueño de TelMex, como uno de los hombres más ricos del mundo. 

En resumen, la decadencia económica y social que ahora vivimos es producto de la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. 

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, en 1999, cuando los bancos registraron más pérdidas que ganancias por sus malos manejos financieros, se vieron ahogados en sus deudas. Fue entonces cuando el gobierno federal creó un instrumento para rescatar a los bancos, avalado por los diputados priistas y panistas convirtieron en deuda pública las deudas de los bancos particulares. Esto lo llamaron Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), después IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) mismo que consiste en que con el dinero de usted y yo, pagaremos esa deuda de los bancos y nuestras generaciones que no han nacido aún, seguirán pagando el Fobaproa, también conocido como el robo del siglo.

No solo ha sido el regateo de recursos a los sectores más necesitados lo que tiene a México sumido en el atraso; como el abandono del campo, sino también, el mal diseño y aplicación de las políticas públicas. Es de sentido común deducir que las políticas que aplica el Estado mexicano benefician a los que de por sí se ostentan en los poderes económicos-partidistas y afectan a quienes ya son pobres entre los pobres. 

Otros agravantes en esta realidad nacional son las mal llamadas reformas estructurales, aplicadas por los gobiernos del PRI y del PAN de los últimos 20 años, respaldadas por los partidos satélites de la élite política: PVEM, PRD y PANAL.

La reforma laboral pone en desventaja al trabajador, con el llamado Outsoursing (trabajo por honorarios, sin estar en nómina) se pueden perder derechos laborales, uno de ellos es la seguridad social. Hay empresas que al contratar a sus empleados, los obligan a renunciar a sus derechos laborales, como reparto de utilidades, derecho a créditos, entre otros. Otra afectación en esta contrarreforma es la subcontratación, un trabajo de 2 o 3 meses, sin que el trabajador pueda generar antigüedad y considerar la jubilación.

Una reforma educativa que le apuesta a la “autonomía” de los padres de familia para velar por la infraestructura y funcionamiento de las escuelas. Que resta derechos a los trabajadores de la educación, como la aplicación de una “evaluación” basada en diseños internacionales como el de la OCDE, pero, el gobierno mexicano omite cumplir con la responsabilidad que le corresponde, garantizar las condiciones para que se dé una educación de calidad. No es posible evaluar con la misma prueba ENLACE a un niño de la CDMX que cuenta con la infraestructura adecuada en sus escuelas y uno de una comunidad de Cerro Gordo, Texcatepec, Veracruz en el que su salón de clases tiene techo pero no tiene paredes, ni baño, ni carretera pavimentada, ni empleo para los padres de familia para cubrir la alimentación de los niños.

Otros factores que visibilizan las malas políticas públicas que se aplican en nuestro país, son las alzas a los precios de los combustibles, como el gas y la gasolina; y el raquítico salario mínimo. 

Es por ello, que cuando alguien se atreve a decir que “gracias al gobierno” tenemos carreteras, agua potable, luz eléctrica o escuelas, está omitiendo las luchas sociales en la historia de este país. Por ejemplo; tuvo que levantarse en armas el EZLN en 1994 para visibilizar a los pueblos indígenas de México. Producto de ello, son los acuerdos de San Andrés Larrainzar, en donde se establecen las demandas de los pueblos originarios. 

Entrado el siglo XXI, después de visibilizar el fracaso del TLC y del actual modelo económico, el EZLN a través del CNI, donde integran diversas organizaciones sociales, lograron la aprobación de la Ley General de Derechos Lingüísticos, establecido en el artículo 2º de la Constitución Mexicana. En esta ley, se reconoce la diversidad cultural y lingüística que hay en México. Se promulgó lo que por naturaleza siempre ha existido y que no se había reconocido en este país pluricultural, el derecho a hablar sus lenguas originarias, a escribirlas, a recibir educación a través de ellas, a tener sus propios medios de comunicación, a recibir atención médica y jurídica desde sus lenguas. 

Sin embargo, se tiene una deuda histórica con más de 60 millones de personas en nuestro país. Quienes no han accedido plenamente a los medios de comunicación, a los servicios de salud, educación y justicia de calidad.